En el marco de la Ley N.º 1178, ¿qué caracteriza la responsabilidad por la función pública?
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¿Qué conjunto normativo constituye el eje principal para estudiar la responsabilidad por la función pública en Bolivia?
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¿Cuál es una función relevante de la Ley N.º 004 en este ámbito?
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¿Qué aspecto regula principalmente la Ley N.º 2027 respecto de quienes trabajan en el Estado?
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¿Cuál es el propósito general de la responsabilidad administrativa?
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¿Qué distingue a la responsabilidad ejecutiva?
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¿Cuándo puede surgir responsabilidad civil en el marco de la Ley N.º 1178?
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¿Qué elemento es central para la responsabilidad penal?
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¿Qué expresa el principio de autonomía entre tipos de responsabilidad?
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¿Qué enunciado describe mejor los principios y órganos de control pertinentes?
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Explicación
La Ley N.º 1178 vincula la responsabilidad con el desempeño de funciones públicas y con los resultados de la acción u omisión.
La Constitución y las leyes 1178, 004 y 2027 ofrecen el marco central solicitado, junto con sus normas reglamentarias y conexas.
La Ley N.º 004, conocida como Ley de Lucha contra la Corrupción, establece medidas de prevención, investigación y sanción vinculadas a la corrupción.
La Ley N.º 2027 establece el Estatuto del Funcionario Público y aborda derechos, deberes y régimen funcionarial.
La responsabilidad administrativa se establece por infracciones administrativas o de conducta funcionaria conforme al procedimiento aplicable.
La responsabilidad ejecutiva se vincula con la gestión de la máxima autoridad ejecutiva y con deberes propios de dirección y administración.
La responsabilidad civil exige daño económico atribuible y su determinación debe seguir las vías y garantías correspondientes.
La responsabilidad penal requiere adecuación a un tipo penal y determinación conforme al proceso penal y las garantías constitucionales.
La autonomía implica que los distintos ámbitos de responsabilidad se analizan de acuerdo con sus reglas y elementos propios.
La presunción de licitud es una garantía, la universalidad extiende el régimen a quienes ejercen función pública y los órganos de control y jurisdiccionales actúan dentro de competencias diferenciadas.