Se busca que el proceso contribuya a combatir con más efectividad el negocio ilícito.
tras la violencia, se busca por medio de una norma que los afectados tengan acceso a la "verdad, justicia y reparación", en el marco de una Ley de Víctimas aprobada por el gobierno de Santos.
Significa dar mayor acceso a la tierra, llevar infraestructura a las regiones más apartadas, hacer que la prosperidad y los servicios del Estado lleguen a todos los habitantes del campo. Es repartir las oportunidades de manera más equitativa por todo el territorio.
Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las Farc a la vida civil, junto con todas las medidas del Gobierno para dar garantías al proceso de terminación.
Emprender un ejercicio de esclarecimiento de la verdad porque no sólo las víctimas, sino todos los colombianos, tenemos derecho a saber qué pasó y quiénes fueron los responsables.
No sólo en la norma, sino en la realidad. Es decir, que quienes disientan y protesten lo hagan sin temor, y que se rompa para siempre el lazo entre política y armas.
