Los nuevos gobernantes de América Latina retomaron los modelos liberales de Europa y Estados Unidos para organizar los estados: la división de poderes, la creación de parlamentos, un sistema de elecciones y, en general, los principios de libertad e igualdad de las personas ante la ley.
La situación de Hispanoamérica era diferente a la de Europa y Estados Unidos, sus modelos no se ajustaban fácilmente a sociedades con una gran diversidad étnica, discriminación social y racial, donde no se estaban desarrollando procesos de industrialización y sus instituciones estaban dominadas por relaciones de esclavitud, peonaje y autoritarismo.
Después de la independencia, se produjo un periodo de crisis que impidió la consolidación de los diferentes estados nacionales tal y como lo pensaron sus organizadores. Hasta mediados del siglo XIX, por lo menos, el vacío dejado por la ruptura con el gobierno español no fue llenado fácilmente, lo que dio origen a una gran fragmentación del poder, a un nacionalismo excluyente y a la caída de la economía, que aumentó los conflictos sociales y políticos, así como una lucha constante entre diferentes facciones sociales y políticos para controlar el Estado.