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Derecho constitucional II (part4)Online version
Derecho constitucional II
El
artículo
10
.
2
CE
presenta
una
singular
importancia
,
al
conectar
los
tratados
internacionales
con
la
interpretación
de
los
.
Un
tratado
internacional
puede
ser
o
,
según
se
celebre
entre
dos
o
más
Estados
;
además
,
los
tratados
pueden
celebrarse
entre
Estados
y
.
Los
tratados
internacionales
pueden
recibir
muy
diversas
denominaciones
,
si
bien
la
ley
25
/
2014
especifica
que
han
de
celebrarse
siempre
.
Un
complementa
a
un
tratado
anterior
.
El
tiene
la
iniciativa
y
la
responsabilidad
respecto
de
la
participación
de
España
en
un
tratado
,
ya
que
el
art
.
97
CE
le
atribuye
la
dirección
de
la
.
La
diferencia
entre
los
diversos
tipos
de
tratados
está
en
la
función
que
respecto
de
cada
uno
de
ellos
tienen
que
realizar
las
.
Los
tratados
que
atribuyan
a
una
organización
internacional
el
ejercicio
de
competencias
derivadas
de
la
Constitución
(
art
.
93
CE
)
,
necesitan
la
autorización
de
las
Cortes
mediante
.
Solo
el
tiene
la
iniciativa
respecto
de
las
leyes
orgánicas
para
autorizar
los
tratados
de
especial
relevancia
constitucional
(
art
.
93
CE
)
.
Durante
la
tramitación
de
dicha
ley
orgánica
,
las
Cortes
pueden
denegar
o
aplazar
la
autorización
del
tratado
,
o
plantear
o
declaraciones
interpretativas
al
mismo
;
pero
en
ningún
caso
pueden
.
La
práctica
totalidad
de
ocasiones
en
que
se
ha
utilizado
el
procedimiento
de
autorización
de
tratados
previsto
en
el
art
.
93
CE
,
ha
sido
en
relación
con
la
.
La
manifestación
del
consentimiento
del
Estado
para
quedar
obligado
por
un
tratado
internacional
se
denomina
.
Para
que
un
tratado
quede
plenamente
integrado
en
el
ordenamiento
español
,
es
necesaria
la
publicación
del
de
en
el
Boletín
Oficial
del
Estado
,
que
incluirá
,
en
su
caso
,
las
declaraciones
o
que
formule
el
Estado
español
.
La
autorización
para
los
tratados
mencionados
en
el
artículo
94
.
1
CE
solo
puede
ser
dada
por
el
de
las
Cámaras
,
no
por
las
(
art
.
75
.
3
CE
)
,
y
primero
la
da
el
y
después
el
.
Los
tratados
o
convenios
que
afectan
a
derechos
y
deberes
fundamentales
establecidos
en
el
Título
I
de
la
Constitución
requieren
la
previa
de
las
.
También
los
que
impliquen
obligaciones
financieras
para
la
,
o
los
que
supongan
la
modificación
o
derogación
de
alguna
.
Las
Cámaras
pueden
denegar
o
aplazar
la
autorización
de
los
tratados
mencionados
en
el
art
.
94
.
1
CE
,
y
ello
se
formula
como
una
.
En
el
procedimiento
de
autorización
parlamentaria
de
los
tratados
a
los
que
se
refiere
el
art
.
94
.
1
CE
(
previsto
en
el
art
.
74
.
2
)
,
si
hay
discrepancia
entre
el
Congreso
y
el
Senado
,
ésta
ha
de
ser
resuelta
por
una
.
Si
así
no
se
resuelve
la
discrepancia
,
la
decisión
final
corresponde
a
la
del
.
Según
el
art
.
94
.
2
CE
,
"
El
Congreso
y
el
Senado
serán
inmediatamente
de
la
conclusión
de
los
restantes
tratados
o
convenios
"
.
La
tarea
de
calificar
a
qué
tipo
corresponde
un
tratado
que
se
pretende
ratificar
,
corresponde
al
(
Ministerio
de
)
,
y
también
es
necesario
un
dictamen
del
.
Una
vez
enviado
el
texto
del
tratado
a
las
Cortes
,
la
puede
recalificarlo
.
Las
fases
previas
a
la
ratificación
de
un
tratado
son
:
la
,
la
Y
y
la
.
La
ratificación
de
un
tratado
corresponde
al
(
art
.
63
.
2
CE
)
,
refrendado
por
el
(
art
.
64
.
1
CE
)
.
pág
.
262
A
partir
de
la
,
un
tratado
está
válidamente
celebrado
,
y
el
Estado
queda
obligado
por
él
.
Sin
embargo
,
es
necesaria
la
oficial
para
que
el
tratado
sea
aplicable
como
parte
del
ordenamiento
jurídico
interno
.
El
artículo
96
CE
considera
a
los
tratados
internacionales
fuente
del
Derecho
interno
.
Para
ello
,
exige
tanto
la
celebración
como
la
íntegra
,
siendo
esto
último
la
condición
para
su
.
Los
tratados
internacionales
están
sometidos
a
control
de
constitucionalidad
por
el
.
Según
el
artículo
95
CE
,
ese
control
puede
producirse
a
la
obligatoriedad
del
tratado
.
El
,
el
o
el
pueden
requerir
al
Tribunal
Constitucional
para
que
declare
si
existe
contradicción
entre
la
Constitución
y
un
que
se
pretende
ratificar
(
artículo
95
CE
)
.
Además
del
control
previo
de
constitucionalidad
los
tratados
internacionales
(
arts
.
95
CE
y
78
LOTC
)
,
es
posible
el
control
de
los
mismos
una
vez
que
ya
están
ratificados
y
vigentes
,
y
ello
a
través
del
o
de
la
.
En
virtud
del
artículo
10
.
2
CE
,
los
tratados
ratificados
por
España
en
materia
de
derechos
fundamentales
,
no
solo
forman
parte
del
ordenamiento
jurídico
español
(
art
.
96
.
1
CE
)
,
sino
que
son
referentes
obligados
para
.
Según
el
Tribunal
Constitucional
,
aunque
el
artículo
10
.
2
CE
"
no
da
rango
"
a
los
tratados
sobre
derechos
humanos
,
determinan
"
los
perfiles
exactos
"
del
contenido
de
los
derechos
(
STC
28
/
1991
)
.
A
la
hora
de
interpretar
el
contenido
y
alcance
de
los
derechos
que
la
Constitución
reconoce
,
no
solo
hay
que
tener
en
cuenta
el
texto
de
los
tratados
,
sino
la
interpretación
de
estos
por
los
correspondientes
órganos
jurisdiccionales
,
y
en
especial
"
la
doctrina
sentada
por
el
"
(
STC
36
/
1984
)
.
Como
parte
que
son
del
ordenamiento
jurídico
español
(
artículo
96
.
1
CE
)
,
los
tratados
relativos
a
derechos
fundamentales
pueden
ser
alegados
directamente
ante
los
.
Un
derecho
puede
ser
directamente
alegado
como
si
está
reconocido
como
tal
en
un
tratado
,
aunque
la
Constitución
lo
reconozca
como
mero
principio
.
Los
tratados
que
exigen
previa
autorización
de
las
Cortes
(
artículos
93
y
94
.
1
CE
)
tienen
fuerza
activa
frente
a
la
ley
,
es
decir
,
pueden
o
.
Ello
se
debe
a
que
la
autorización
parlamentaria
la
modificación
de
una
ley
.
Cualquier
juez
deberá
una
norma
española
(
ley
o
reglamento
)
contraria
a
un
anterio
r
Según
el
Tribunal
Constitucional
(
STC
140
/
2018
)
,
el
control
de
(
análisis
de
si
las
leyes
internas
son
o
no
compatibles
con
los
tratados
)
no
es
un
juicio
de
validez
de
la
norma
interna
,
sino
un
problema
de
del
Derecho
aplicable
.
Todo
tratado
internacional
puede
modificar
o
derogar
un
anterior
,
y
prevalece
en
cualquier
caso
respecto
de
un
posterior
.
Cualquier
reglamento
posterior
contrario
a
un
tratado
internacional
,
debe
por
el
.
El
Derecho
de
la
Unión
Europea
se
compone
de
normas
de
Derecho
y
normas
de
Derecho
.
Componen
el
de
la
Unión
Europea
los
tratados
internacionales
constitutivos
o
fundacionales
,
y
todas
sus
modificaciones
.
Actualmente
,
el
Derecho
primario
de
la
Unión
Europea
está
esencialmente
condensado
en
el
y
en
el
,
desde
el
Tratado
de
de
2007
.
Los
tratados
de
adhesión
de
los
distintos
países
a
la
Unión
Europea
forman
parte
del
.
Por
parte
de
España
,
los
tratados
que
forman
parte
del
Derecho
originario
o
primario
de
la
Unión
Europea
han
sido
ratificados
siguiendo
la
vía
del
artículo
93
CE
,
esto
es
,
a
través
de
.
El
Derecho
primario
u
originario
hace
el
papel
de
"
Derecho
"
de
la
Unión
Europea
.
El
Derecho
de
la
Unión
Europea
es
el
producido
siguiendo
las
normas
de
producción
jurídica
determinadas
por
el
Derecho
originario
:
son
las
normas
generadas
válidamente
por
el
poder
normativo
de
las
comunitarias
.
Entre
las
diferentes
normas
de
Derecho
derivado
de
la
Unión
Europea
,
no
hay
relación
.
Además
,
no
es
necesaria
su
para
su
aplicación
en
España
.
Dentro
del
Derecho
derivado
de
la
Unión
,
se
distinguen
los
actos
unilaterales
con
fuerza
normativa
(
,
,
)
,
y
los
actos
unilaterales
sin
fuerza
normativa
(
,
,
,
)
.
Los
acuerdos
internacionales
firmados
por
la
Unión
Europea
con
países
terceros
o
con
organizaciones
internacionales
,
así
como
entre
los
Estados
miembros
y
entre
las
instituciones
de
la
Unión
,
se
denominan
.
La
,
el
y
los
se
consideran
fuentes
de
Derecho
subsidiario
de
la
Unión
Europea
.
El
es
una
norma
de
alcance
general
,
plena
y
directamente
obligatoria
para
todos
los
Estados
miembros
de
la
Unión
Europea
y
sus
ciudadanos
,
sin
necesidad
de
un
acto
de
interna
.
El
Reglamento
Europeo
de
Protección
de
Datos
(
UE
)
2016
/
679
de
27
de
abril
,
regula
por
primera
vez
y
de
modo
exhaustivo
un
,
y
actúa
como
norma
para
el
caso
de
que
no
haya
Derecho
nacional
aplicable
(
Ley
Orgánica
3
/
2018
)
.
Las
directivas
obligan
al
cumplimiento
de
resultados
y
,
pero
no
respecto
a
los
utilizados
por
cada
Estado
,
lo
cual
dependerá
de
su
propio
sistema
de
fuentes
.
La
mala
de
una
directiva
,
o
que
esta
no
se
haya
llevado
a
cabo
,
genera
incumplimiento
y
da
lugar
a
la
posible
del
Estado
miembro
,
a
través
de
multas
e
,
incluso
,
posible
indemnización
a
los
.
Excepcionalmente
,
la
jurisprudencia
comunitaria
reconoce
a
las
directivas
si
el
Estado
miembro
no
las
transpone
o
lo
hace
mal
,
sobre
todo
para
reconocer
que
la
misma
pudiera
implicar
para
los
particulares
.
Las
,
en
el
ámbito
de
la
Unión
Europea
,
son
actos
legislativos
obligatorios
,
bien
sea
de
aplicación
general
(
en
cuyo
caso
obligan
desde
su
publicación
en
el
Diario
Oficial
de
la
UE
)
,
bien
dirigidas
a
un
destinatario
concreto
,
en
cuyo
caso
obligan
desde
su
.
En
virtud
del
principio
de
,
España
ha
cedido
a
la
Unión
Europea
el
ejercicio
de
competencias
soberanas
.
El
Tribunal
Constitucional
solo
puede
controlar
la
constitucionalidad
del
Derecho
de
la
Unión
Europea
(
que
son
tratados
internacionales
)
;
si
bien
también
son
controlables
los
de
los
españoles
que
ejecuten
Derecho
de
la
Unión
.
Un
acto
de
un
poder
público
español
que
,
habiendo
sido
dictado
en
ejecución
del
Derecho
comunitario
europeo
,
pudiera
lesionar
un
derecho
fundamental
,
puede
ser
controlado
por
el
Tribunal
Constitucional
a
través
del
(
STC
58
/
2004
)
.
El
asunto
Melloni
supuso
por
primera
vez
que
el
Tribunal
Constitucional
español
planteara
una
ante
el
Tribunal
de
Justicia
de
la
Unión
Europea
,
sobre
la
ejecución
en
España
de
una
decisión
europea
(
orden
europea
de
detención
)
que
podía
vulnerar
derechos
fundamentales
.
Los
dos
principios
básicos
,
ambos
interrelacionados
,
que
junto
con
el
de
autonomía
articulan
y
resuelven
la
relación
entre
el
Derecho
de
la
Unión
Europea
y
el
ordenamiento
interno
,
son
los
de
y
del
Derecho
de
la
Unión
.
En
virtud
del
principio
del
efecto
directo
,
todo
particular
puede
solicitar
al
juez
nacional
la
del
Derecho
nacional
interno
que
sea
contrario
al
Derecho
aplicable
de
la
Unión
.
En
concreto
,
los
ciudadanos
pueden
exigir
,
además
,
la
aplicación
de
una
no
transpuesta
una
vez
expirado
el
plazo
,
o
mal
transpuesta
,
siempre
que
sea
clara
e
imponga
obligaciones
concretas
.
El
Tribunal
de
Justicia
de
la
Unión
Europea
(
Sentencia
de
19
de
noviembre
de
2019
,
asuntos
C
-
609
/
17
y
C
-
610
/
17
)
,
solo
reconoce
la
facultad
de
establecer
obligaciones
con
efectos
inmediatos
a
cargo
de
particulares
en
aquellas
materias
en
las
que
la
Unión
tenga
la
competencia
de
adoptar
.
El
principio
de
efecto
directo
se
apoya
sobre
el
principio
de
primacía
del
Derecho
comunitario
,
que
tiene
un
origen
.
El
principio
de
primacía
del
Derecho
de
la
Unión
Europea
supone
para
los
jueces
españoles
la
aplicación
del
Derecho
de
la
Unión
de
conformidad
con
la
jurisprudencia
del
,
así
como
la
de
el
Derecho
español
si
lo
consideran
contrario
al
Derecho
de
la
Unión
,
incluida
dicha
jurisprudencia
.
Para
el
Tribunal
Constitucional
,
la
del
Derecho
de
la
Unión
Europea
es
compatible
con
la
de
la
Constitución
.
"
El
respeto
a
la
identidad
nacional
de
los
Estados
,
inherente
a
sus
estructuras
fundamentales
políticas
y
constitucionales
"
(
artículo
4
.
2
TUE
)
opera
como
a
la
del
Derecho
de
la
Unión
.
Según
el
Tribunal
Constitucional
,
no
existe
una
primacía
general
del
Derecho
europeo
sobre
todo
el
Derecho
español
,
sino
que
esa
primacía
se
limita
a
las
de
la
Unión
Europea
,
cuyo
ejercicio
España
ha
cedido
a
través
del
artículo
93
CE
.
El
Tribunal
Constitucional
(
SSTC
141
/
1993
,
145
/
2012
)
recuerda
la
"
obligación
de
cumplimiento
de
las
normas
de
Derecho
Comunitario
"
,
aunque
estas
no
tengan
"
rango
fuerza
"
,
del
Derecho
interno
"
.
Según
el
Tribunal
Constitucional
(
STC
58
/
2004
)
,
los
jueces
y
tribunales
ordinarios
,
para
respetar
el
derecho
a
un
proceso
con
todas
las
garantías
(
art
.
24
CE
)
,
deben
plantear
la
ante
el
TJUE
si
hay
una
duda
"
objetiva
,
clara
y
terminante
"
sobre
la
posible
contradicción
entre
la
norma
interna
y
el
Derecho
de
la
Unión
.
¿
cuestión
prejudicial
?
Desde
el
punto
de
vista
del
Tribunal
de
Justicia
de
la
Unión
Europea
(
sentencia
de
26
de
febrero
de
2013
,
caso
Melloni
)
,
el
Derecho
de
la
Unión
prima
,
incluso
,
sobre
los
de
la
Constitución
de
un
Estado
miembro
.
Frente
a
recientes
pronunciamientos
de
Tribunales
Constitucionales
nacionales
(
Alemania
,
Rumania
,
Polonia
)
contrarios
a
la
primacía
del
Derecho
de
la
Unión
Europea
,
el
Tribunal
de
Justicia
se
ha
reivindicado
como
el
para
declarar
que
un
acto
de
una
institución
de
la
Unión
es
contrario
al
.
Según
el
principio
de
,
la
Unión
solo
es
competente
para
"
legislar
"
cuando
su
actuación
sea
más
eficaz
que
la
de
los
Estados
o
entes
regionales
o
locales
más
próximos
a
la
ciudadanía
.
En
la
Unión
Europea
existe
un
mecanismo
de
"
alerta
temprana
"
para
que
los
puedan
velar
por
el
respeto
al
principio
de
subsidiariedad
.
Para
ello
,
los
deben
recibir
los
proyectos
de
"
actos
legislativos
"
de
la
Unión
,
para
poder
verificar
si
cumplen
o
no
con
dicho
principio
.
Los
(
órgano
jurisdiccional
unipersonal
)
y
los
(
órgano
jurisdiccional
colegiado
formado
por
/
)
,
se
encargan
de
las
normas
a
los
casos
concretos
.
Se
llama
jurisdicción
u
al
conjunto
de
jueces
y
tribunales
que
conocen
de
asuntos
relacionados
con
una
rama
del
Derecho
.
El
,
pese
a
su
nombre
,
no
pertenece
al
poder
judicial
.
Los
órdenes
o
jurisdicciones
civil
,
penal
,
contencioso
-
administrativa
y
social
integran
la
(
Poder
Judicial
)
.
La
jurisdicción
-
resuelve
los
conflictos
surgidos
por
la
actuación
de
la
Administración
pública
,
o
en
general
por
la
aplicación
del
Derecho
Administrativo
.
Normalmente
,
dentro
de
la
jurisdicción
ordinaria
,
la
última
instancia
judicial
se
conoce
como
"
"
,
y
corresponde
en
España
al
.
En
sentido
estricto
,
se
denomina
en
España
"
"
al
criterio
constante
y
uniforme
de
aplicar
el
Derecho
mostrado
en
las
sentencias
del
Tribunal
Supremo
.
El
Código
Civil
considera
a
la
jurisprudencia
como
una
fuente
"
"
del
Derecho
.
El
papel
unificador
de
la
doctrina
del
Tribunal
Supremo
reduce
notablemente
las
diferencias
en
cuanto
al
papel
del
en
el
sistema
jurídico
español
y
en
los
países
del
"
common
law
"
.
aquí
precedente
es
porque
ya
ha
mencionado
al
TS
?
Según
el
Tribunal
Constitucional
(
STC
37
/
2012
)
,
y
como
regla
general
,
la
que
tienen
a
título
individual
cada
juez
y
tribunal
,
les
permite
discrepar
,
mediante
un
razonamiento
fundado
en
Derecho
,
del
criterio
sentado
previamente
por
tribunales
superiores
.
Según
el
Tribunal
Constitucional
(
STC
57
/
2001
)
,
solo
con
una
"
adecuada
motivación
de
su
criterio
"
podrá
un
tribunal
apartarse
de
sus
propios
precedentes
;
y
la
causa
de
ello
son
los
derechos
fundamentales
a
la
(
art
.
24
CE
)
y
la
de
los
ciudadanos
(
art
.
14
CE
)
.
El
Tribunal
Constitucional
tiene
atribuido
(
art
.
1
LOTC
)
el
papel
de
"
intérprete
"
de
la
Constitución
y
garante
de
su
supremacía
,
por
lo
que
sus
sentencias
se
imponen
a
todos
los
poderes
del
Estado
,
incluido
el
legislativo
.
Según
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
,
los
jueces
y
tribunales
ordinarios
deben
interpretar
las
leyes
y
reglamentos
según
los
principios
constitucionales
,
tal
y
como
los
hayan
interpretado
las
resoluciones
del
.
Además
,
deben
aplicar
el
Derecho
de
la
Unión
Europea
de
conformidad
con
la
jurisprudencia
del
TJUE
.
El
Convenio
Europeo
de
Derechos
Humanos
de
1950
creó
el
.
Propiamente
hablando
,
la
única
"
jurisprudencia
"
existente
en
España
antes
de
la
Constitución
era
la
del
.
El
Tribunal
Constitucional
está
únicamente
sometido
a
la
y
a
(
art
.
1
.
1
LOTC
)
.
Según
el
art
.
161
.
1
.
a
)
CE
,
la
jurisprudencia
del
Tribunal
Constitucional
"
"
a
la
del
Tribunal
Supremo
,
si
bien
las
sentencias
ya
dictadas
no
perderán
el
valor
de
.
El
Tribunal
Constitucional
no
podrá
interferir
en
la
"
doctrina
legal
"
del
Tribunal
Supremo
,
salvo
que
sea
.
Según
el
art
.
40
.
2
LOTC
,
la
jurisprudencia
ordinaria
ha
de
entenderse
"
"
por
la
del
Tribunal
Constitucional
,
en
el
sentido
de
que
no
puede
volver
a
utilizarse
una
doctrina
del
Supremo
que
haya
sido
considerada
inconstitucional
.
La
Constitución
(
art
.
164
)
establece
que
las
sentencias
del
Tribunal
Constitucional
tienen
fuerza
de
y
no
cabe
alguno
contra
ellas
.
Las
sentencias
del
Tribunal
Constitucional
que
declaren
la
inconstitucionalidad
de
una
ley
tienen
efectos
.
La
sentencia
que
el
Tribunal
Constitucional
dicte
para
resolver
una
vinculará
al
juez
o
tribunal
que
la
planteó
desde
que
tenga
conocimiento
de
esta
(
art
.
38
.
3
LOTC
)
.
Como
consecuencia
del
art
.
10
.
2
CE
,
tanto
el
Tribunal
Supremo
como
el
Tribunal
Constitucional
recogen
cada
vez
con
más
frecuencia
en
sus
sentencias
la
doctrina
del
TEDH
,
cuya
jurisprudencia
es
obligatoria
para
España
desde
la
ratificación
,
en
1979
,
del
de
1950
.
La
jurisprudencia
del
,
que
interpreta
y
aplica
el
Derecho
Comunitario
,
se
impone
a
las
normas
y
sentencias
de
los
órganos
estatales
internos
.
Según
el
art
.
117
.
3
CE
,
al
le
corresponde
"
el
ejercicio
de
la
potestad
jurisdiccional
en
todo
tipo
de
procesos
,
juzgando
y
haciendo
ejecutar
lo
juzgado
"
.
El
es
el
órgano
jurisdiccional
superior
en
todos
los
órdenes
de
la
jurisdicción
ordinaria
.
Del
art
.
123
.
1
CE
se
deduce
que
la
función
jurisdiccional
está
reservada
en
exclusiva
a
los
jueces
y
tribunales
integrados
en
el
,
mientras
que
la
defensa
de
la
Constitución
está
encomendada
,
sobre
todo
,
aunque
no
exclusivamente
,
al
.
La
expresión
"
"
,
tomada
en
sentido
amplio
(
como
aplicación
jurisdiccional
de
la
Constitución
)
significa
que
todo
juez
y
tribunal
es
garante
de
la
Constitución
,
no
solo
el
Tribunal
Constitucional
.
Cuando
una
norma
es
de
rango
,
cualquier
juez
o
tribunal
ordinario
la
inaplicará
si
la
considera
inconstitucional
.
Esa
declaración
tendrá
efectos
,
salvo
que
se
trate
de
un
tribunal
competente
de
la
jurisdicción
contencioso
-
administrativa
,
que
podrá
declarar
su
nulidad
con
efectos
.
Los
jueces
y
tribunales
ordinarios
pueden
y
deben
enjuiciar
la
constitucionalidad
de
la
ley
que
aplican
,
para
decidir
si
procede
o
no
plantear
la
.
Como
regla
general
,
los
casos
concretos
de
lesión
de
derechos
fundamentales
son
juzgados
por
los
mediante
un
procedimiento
especial
(
art
.
53
.
2
CE
)
.
Los
ciudadanos
podrán
acudir
en
amparo
al
Tribunal
Constitucional
cuando
la
/
no
haya
sido
suficiente
para
reparar
la
lesión
del
derecho
,
o
cuando
esta
haya
sido
causada
por
los
propios
.
Incluso
la
propia
jurisprudencia
del
está
sometida
a
la
Constitución
.
Esta
puede
fijar
su
propio
sentido
,
distinto
al
que
le
había
dado
dicha
jurisprudencia
,
mediante
una
.
Del
art
.
1
.
1
del
Código
Civil
se
desprende
que
la
y
los
se
aplican
a
falta
de
norma
escrita
.
En
el
campo
del
Derecho
Constitucional
,
el
papel
de
la
costumbre
no
puede
tener
la
misma
fuerza
vinculante
que
las
normas
de
la
propia
Constitución
,
por
lo
que
el
papel
que
le
corresponde
es
y
del
texto
constitucional
.
La
falta
de
desarrollo
legislativo
de
algún
artículo
constitucional
,
o
la
falta
de
uso
de
un
artículo
,
pueden
acabar
por
convertirse
en
vinculantes
.
No
puede
aceptarse
como
fuente
del
Derecho
la
costumbre
contraria
a
la
,
aunque
sí
se
acepta
la
costumbre
(
a
falta
de
regulación
escrita
)
o
(
que
completa
o
interpreta
la
norma
escrita
,
incluida
la
Constitución
)
.
Las
costumbres
que
dan
contenido
preciso
a
una
norma
constitucional
que
admite
varias
interpretaciones
,
se
denominan
.
Se
denominan
las
que
llenan
una
laguna
que
la
Constitución
u
otra
norma
escrita
no
han
previsto
.
Y
se
denominan
las
que
dejan
sin
efecto
un
precepto
constitucional
,
por
desuso
,
o
por
cambio
de
significado
mediante
una
mutación
constitucional
.
Las
,
más
que
verdaderas
costumbres
(
normas
consuetudinarias
)
serían
normas
de
comportamiento
ético
o
corrección
política
,
cuyo
incumplimiento
podría
generar
rechazo
social
o
una
derrota
electoral
,
pero
no
una
sentencia
judicial
exigiendo
su
cumplimiento
.
Las
"
normas
de
corrección
constitucional
"
están
ligadas
a
los
parlamentarios
y
a
la
constitucional
.
Una
costumbre
es
una
,
aunque
sea
consuetudinaria
.
Las
costumbres
y
convenciones
constitucionales
,
usos
parlamentarios
y
figuras
análogas
,
tendrán
o
no
valor
como
fuente
del
Derecho
en
la
medida
en
que
los
estén
dispuestos
a
dárselo
,
aplicándolas
en
la
forma
y
con
las
limitaciones
que
decidan
.
Los
principios
generales
del
Derecho
pasan
a
ser
,
con
el
máximo
rango
,
cuando
son
incluidos
en
el
texto
constitucional
.
Ejemplos
de
ello
serían
la
jerarquía
normativa
,
la
seguridad
jurídica
(
art
.
9
.
3
)
,
la
legalidad
penal
(
art
.
25
)
o
la
(
art
.
24
)
.
Principios
generales
como
el
de
la
contradicción
procesal
,
el
iura
novit
curia
,
o
el
non
bis
in
idem
,
no
están
expresamente
en
la
Constitución
,
pero
han
sido
reconocidos
por
el
.
Los
principios
generales
del
Derecho
no
reconocidos
en
la
Constitución
,
son
fuente
secundaria
o
,
inspiran
las
leyes
y
la
,
sirven
para
interpretar
las
normas
,
y
contribuyen
a
dotar
de
al
ordenamiento
jurídico
.
Además
,
pueden
ser
fuente
directa
del
Derecho
cuando
las
normas
jurídicas
no
contemplen
un
caso
concreto
,
es
decir
,
cuando
exista
una
jurídica
.
La
doctrina
científica
puede
considerarse
fuente
del
Derecho
,
únicamente
en
la
medida
en
que
influya
en
las
decisiones
normativas
,
en
las
asambleas
constituyentes
,
o
en
las
resoluciones
.
Según
ha
declarado
el
Tribunal
Constitucional
,
la
opinión
de
juristas
,
jueces
y
especialistas
en
Derecho
(
doctrina
científica
)
se
convierte
en
punto
obligado
de
referencia
para
conocer
cuál
es
el
de
cada
derecho
fundamental
.
Según
el
art
.
37
.
1
de
la
Constitución
,
la
ley
garantizará
el
derecho
a
la
entre
representantes
de
los
trabajadores
y
los
empresarios
,
así
como
la
fuerza
vinculante
de
los
.
Los
convenios
colectivos
obligan
a
todos
los
sujetos
sometidos
a
su
ámbito
y
.
La
fuerza
vinculante
que
la
Constitución
reconoce
a
los
convenios
colectivos
ha
de
entenderse
como
un
mecanismo
de
del
derecho
a
la
negociación
colectiva
laboral
.
Los
llamados
convenios
colectivos
"
"
,
tendrán
únicamente
la
fuerza
vinculante
inter
-
partes
que
procede
de
su
propia
naturaleza
de
negocios
jurídicos
entre
particulares
.
Dentro
del
sistema
de
fuentes
,
el
convenio
colectivo
es
una
fuente
a
la
ley
.
La
puede
reservarse
para
sí
,
de
forma
excepcional
,
determinadas
materias
que
,
por
tanto
,
quedarían
excluidas
de
la
negociación
colectiva
laboral
(
STC
58
/
1985
)
.
A
la
hora
de
configurar
los
rasgos
del
(
procedimiento
,
requisitos
,
ámbito
,
etc
.
)
,
el
legislador
está
obligado
a
respetar
las
exigencias
,
así
como
la
naturaleza
de
este
instrumento
que
regula
las
relaciones
entre
los
sujetos
de
la
relación
laboral
.
En
caso
de
concurrencia
entre
una
ley
y
un
convenio
colectivo
,
el
principio
primará
(
STC
210
/
1990
)
,
salvo
que
pueda
ser
de
aplicación
preferente
por
su
mayor
.
El
derecho
a
la
negociación
colectiva
laboral
(
art
.
37
.
1
CE
)
busca
la
de
los
agentes
sociales
.
Los
titulares
del
derecho
son
los
representantes
de
los
y
de
los
.
Los
convenios
colectivos
regulan
las
relaciones
laborales
,
condiciones
de
trabajo
,
etc
.
,
estableciendo
reglas
negociadas
colectivamente
,
que
están
por
encima
de
las
relaciones
individuales
pactadas
en
el
entre
el
empresario
y
el
trabajador
.
El
Tribunal
Constitucional
ha
considerado
como
lesivos
de
la
(
art
.
28
.
1
CE
)
aquellos
comportamientos
que
impidan
u
obstaculicen
la
negociación
colectiva
,
por
lo
que
este
último
derecho
,
pese
a
estar
ubicado
en
el
art
.
37
CE
,
gozaría
de
la
protección
por
medio
del
.
En
España
,
la
igualdad
se
ha
configurado
constitucionalmente
como
superior
(
art
.
1
.
1
CE
)
,
como
(
art
.
9
.
2
)
y
como
(
art
.
14
)
.
Encontramos
menciones
concretas
a
la
igualdad
en
la
Constitución
respecto
del
acceso
a
/
(
art
.
23
)
,
la
contribución
a
los
(
art
.
31
)
,
el
derecho
a
contraer
(
art
.
32
)
,
respecto
de
los
con
independencia
de
su
filiación
(
art
.
39
.
2
)
,
o
en
el
marco
de
la
descentralización
(
arts
.
139
y
149
.
1
.
1
)
.
Según
el
Tribunal
Constitucional
,
la
igualdad
en
la
ley
opera
frente
al
o
al
poder
,
mientras
que
la
igualdad
ante
la
ley
exige
que
esta
sea
de
un
modo
igual
a
todos
los
que
se
encuentran
en
la
misma
situación
.
El
principio
y
derecho
a
la
igualdad
del
art
.
14
,
incluye
la
igualdad
la
ley
,
la
igualdad
la
ley
,
y
la
prohibición
de
.
El
artículo
9
.
2
CE
recoge
el
principio
de
igualdad
,
que
obliga
al
Estado
a
actuar
en
la
sociedad
para
alcanzar
la
igualdad
real
,
no
solo
entendida
como
igualdad
de
resultados
,
sino
también
como
la
búsqueda
de
la
igualdad
de
o
puntos
de
partida
.
La
igualdad
no
exige
la
identidad
de
trato
,
sino
que
el
trato
diferente
no
sea
.
Para
que
no
lo
sea
,
a
los
supuestos
jurídicamente
iguales
les
corresponde
un
trato
igual
,
salvo
que
exista
una
justificación
,
y
.
El
derecho
a
la
igualdad
es
ante
la
ley
,
pero
no
fuera
de
la
ley
.
Por
eso
,
no
se
puede
pretender
el
derecho
a
recibir
un
tratamiento
igual
pero
.
Además
,
el
derecho
a
la
igualdad
no
incluye
un
derecho
a
ser
tratado
.
La
lista
de
discriminaciones
que
el
artículo
14
CE
pretende
eliminar
(
nacimiento
,
raza
,
sexo
,
religión
,
opinión
)
no
es
una
lista
cerrada
,
sino
que
queda
abierta
a
la
y
,
debido
al
art
.
10
.
2
CE
,
a
los
en
la
materia
.
Las
medidas
que
tratan
de
beneficiar
a
un
colectivo
respecto
del
cual
la
discriminación
está
prohibida
,
se
denominan
.
Respecto
del
principio
de
igualdad
,
como
regla
general
,
el
acusado
de
tiene
que
probar
que
no
lo
ha
hecho
.
Sin
embargo
,
en
las
llamadas
"
discriminaciones
"
,
quien
afirma
la
discriminación
tiene
que
probar
que
la
medida
aparentemente
neutra
no
lo
es
,
porque
incide
especialmente
en
un
colectivo
.
Se
habla
de
"
discriminaciones
"
cuando
los
tratos
diferentes
a
un
colectivo
especialmente
prohibido
de
discriminar
esconden
una
verdadera
finalidad
discriminatoria
.
Los
"
derechos
"
son
los
más
directamente
vinculados
a
la
dignidad
de
la
persona
del
art
.
10
.
1
CE
(
derechos
reaccionales
,
derechos
de
defensa
)
.
Según
la
Ley
Orgánica
3
/
2021
,
de
regulación
de
la
eutanasia
,
el
personal
sanitario
tiene
reconocido
el
derecho
a
la
.
Al
ser
el
derecho
a
la
integridad
física
un
derecho
ilimitado
(
STC
151
/
1997
)
,
nunca
podrá
afirmarse
que
una
fue
justificada
objetivamente
,
razonable
y
proporcionada
.
La
STC
56
/
2019
considera
ciertas
formas
de
acoso
laboral
como
una
lesión
de
la
integridad
.
Entre
las
garantías
relativas
a
la
detención
,
el
art
.
17
.
2
CE
fija
un
plazo
máximo
de
setenta
y
dos
horas
para
la
.
La
reserva
de
ley
especialmente
intensa
en
materia
de
privación
de
libertad
ha
llevado
a
declarar
inconstitucional
(
STC
84
/
2018
)
,
por
,
el
internamiento
no
voluntario
en
centro
psiquiátrico
tras
la
prisión
provisional
.
El
derecho
a
la
propia
imagen
(
art
.
18
.
1
CE
)
impide
la
,
O
de
la
propia
imagen
por
parte
de
un
tercero
no
autorizado
,
sea
cual
sea
su
finalidad
.
Este
derecho
,
junto
con
los
derechos
a
la
intimidad
y
al
HONOR
,
además
de
la
protección
,
cuentan
también
con
protección
civil
(
Ley
Orgánica
1
/
1982
)
.
La
sentencia
López
Ostra
(
1994
)
del
Tribunal
Europeo
de
Derechos
Humanos
,
reconoce
algunas
aspiraciones
medioambientales
por
conexión
con
el
derecho
a
la
.
El
artículo
18
.
3
CE
garantiza
el
secreto
de
las
comunicaciones
salvo
.
.
Para
que
el
empresario
pueda
controlar
la
información
y
comunicaciones
de
los
ordenadores
y
prohibir
determinados
usos
de
las
tecnologías
o
instalación
de
determinados
programas
por
el
trabajador
,
es
necesario
que
haya
(
SSTC
241
/
2012
,
170
/
2013
)
.
Según
la
STC
76
/
2019
,
el
"
derecho
fundamental
a
la
protección
de
datos
"
está
configurado
y
desarrollado
conjuntamente
,
de
forma
directa
o
supletoria
,
en
la
Ley
Orgánica
3
/
2018
,
y
en
el
de
la
Unión
Europea
.
El
derecho
ha
sido
reconocido
tanto
por
el
Tribunal
de
Justicia
de
la
Unión
Europea
(
STJUE
de
13
de
mayo
de
2014
)
como
por
el
Tribunal
Europeo
de
Derechos
Humanos
(
Sentencia
de
28
de
junio
de
2018
)
y
el
Tribunal
Constitucional
español
(
STC
58
/
2018
)
.
Y
a
nivel
normativo
,
tanto
por
el
Reglamento
Europeo
de
como
por
la
Ley
Orgánica
3
/
2018
.
Las
medidas
adoptadas
durante
el
primer
estado
de
alarma
por
el
COVID19
(
Real
Decreto
465
/
2020
)
afectaron
sobre
todo
a
la
libertad
de
(
art
.
19
CE
)
.
El
Tribunal
Constitucional
(
STC
de
14
de
julio
de
2021
)
consideró
aquel
confinamiento
una
de
derechos
,
que
solo
podría
haberse
operado
mediante
la
declaración
del
estado
de
.
A
diferencia
de
los
derechos
de
la
personalidad
,
que
se
tienen
,
las
se
ejercen
en
el
contexto
social
.
Según
el
Tribunal
Constitucional
,
las
libertades
informativas
gozan
de
un
"
valor
prevalente
"
cuando
entran
en
conflicto
con
otros
derechos
,
porque
no
solo
son
derechos
fundamentales
de
cada
ciudadano
,
sino
que
reconocen
y
garantizan
una
institución
política
fundamental
,
que
es
la
,
indiscutiblemente
unida
al
valor
fundamental
del
,
esencial
para
el
funcionamiento
del
Estado
democrático
(
STC
12
/
1982
)
.
El
artículo
16
CE
reconoce
el
orden
público
como
límite
a
la
manifestación
de
las
libertades
y
.
Ese
límite
es
entendido
e
interpretado
de
modo
muy
.
El
artículo
16
CE
reconoce
la
libertad
religiosa
tanto
a
las
personas
físicas
(
individuos
)
como
a
las
.
La
libertad
religiosa
,
según
la
Ley
Orgánica
7
/
1980
,
incluye
,
entre
otras
,
las
libertades
de
practicar
o
no
los
actos
de
,
recibir
de
la
propia
confesión
,
conmemorar
sus
o
sus
ritos
.
La
STC
191
/
2020
consideró
discriminatorias
unas
becas
de
estudios
universitarios
solamente
para
alumnos
matriculados
en
centros
públicos
,
por
vulnerar
los
derechos
a
la
y
a
la
.
Para
las
reuniones
en
lugares
de
tránsito
público
o
concentraciones
,
la
Constitución
(
art
.
21
.
2
)
exige
"
"
a
la
autoridad
.
Esta
,
solo
podrá
prohibirlas
"
cuando
existan
razones
fundadas
de
alteración
del
,
con
peligro
para
"
.
La
Ley
Orgánica
6
/
2002
fija
los
requisitos
y
condiciones
para
que
se
pueda
ilegalizar
un
.
La
única
ilegalización
hasta
la
fecha
ha
sido
llevada
a
cabo
por
la
Sentencia
del
de
27
de
marzo
de
2003
.
A
pesar
de
que
la
inscripción
de
las
asociaciones
en
un
registro
es
"
a
los
solos
efectos
de
"
(
art
.
22
.
3
CE
)
,
la
STC
219
/
2001
admite
que
en
el
registro
se
efectúa
un
de
la
constitucionalidad
de
la
asociación
.
La
garantía
del
art
.
22
.
4
CE
de
que
"
solo
podrán
ser
disueltas
o
suspendidas
en
sus
actividades
en
virtud
de
resolución
judicial
"
,
afecta
tanto
a
las
como
a
los
partidos
políticos
.
Según
el
Tribunal
Constitucional
,
la
libertad
de
creación
de
centros
docentes
(
art
.
27
.
6
CE
)
incluye
el
derecho
a
establecer
un
o
carácter
propio
.
El
legislador
ha
optado
por
la
práctica
desregulación
del
derecho
de
,
reconocido
en
el
art
.
28
.
2
CE
.
La
clave
para
la
mayor
o
menor
protección
constitucional
de
una
opinión
o
información
está
en
de
esta
.
Con
la
libre
expresión
se
protege
la
OPINIÓN
,
mientras
que
con
la
libertad
de
información
el
objeto
de
protección
es
,
por
más
que
puedan
mezclarse
o
confundirse
en
la
práctica
.
En
el
caso
de
la
,
los
límites
son
mínimos
,
y
cabe
recordar
que
el
no
está
protegido
por
ella
.
El
Tribunal
Constitucional
(
STC
235
/
2007
)
ha
afirmado
que
la
libertad
de
expresión
no
puede
ofrecer
cobertura
al
llamado
"
discurso
"
,
es
decir
,
a
aquel
desarrollado
en
términos
que
contengan
una
incitación
a
la
violencia
contra
ciudadanos
en
general
o
contra
determinadas
razas
o
creencias
en
particular
.
Sin
embargo
,
el
TEDH
ha
puesto
límites
a
la
persecución
penal
del
mismo
.
No
se
hace
responsable
al
medio
de
comunicación
por
las
"
cartas
al
director
"
,
ni
por
el
"
reportaje
"
,
aquel
en
el
que
el
medio
de
comunicación
"
no
hace
sino
reproducir
lo
que
un
tercero
ha
dicho
o
escrito
"
(
STC
134
/
1999
)
.
La
Sentencia
del
Tribunal
Europeo
de
Derechos
Humanos
de
16
de
junio
de
2015
(
Caso
Delfi
)
,
refleja
la
tendencia
a
hacer
responsable
al
de
los
contenidos
publicados
por
los
usuarios
,
por
no
haberlos
identificado
correctamente
.
El
criterio
básico
para
"
medir
"
la
"
veracidad
"
de
una
información
,
es
la
del
informador
en
la
búsqueda
de
la
verdad
,
y
ello
independientemente
de
la
licitud
de
sus
.
La
persigue
el
máximo
respeto
,
"
integración
y
aplicación
constitucionalmente
adecuada
de
los
derechos
en
juego
"
(
STC
49
/
2001
)
.
La
jurisprudencia
constitucional
es
sumamente
restrictiva
respecto
del
uso
de
,
tenga
o
no
relevancia
pública
lo
investigado
por
el
periodista
,
siendo
admisible
solo
excepcionalmente
y
como
último
recurso
(
SSTC
12
/
2012
,
25
/
2019
)
.
El
último
criterio
para
resolver
los
conflictos
planteados
en
torno
a
las
libertades
informativas
es
determinar
si
lo
expresado
o
informado
era
necesario
para
su
finalidad
,
y
su
contribución
para
la
formación
de
la
.
El
artículo
20
.
1
.
d
)
CE
recoge
el
derecho
a
la
,
que
es
el
derecho
del
periodista
a
resolver
el
contrato
ante
cambios
de
línea
u
orientación
ideológica
del
medio
para
el
que
trabaje
,
con
derecho
a
.
También
se
recoge
el
derecho
al
,
esto
es
,
a
no
revelar
las
fuentes
de
la
información
periodística
.
El
artículo
20
.
2
CE
prohíbe
la
,
y
el
art
.
20
.
5
establece
que
el
(
hacer
inaccesible
el
soporte
informativo
o
audiovisual
)
solo
podrá
acordarse
en
virtud
de
.
El
derecho
de
rectificación
en
internet
,
o
el
"
derecho
a
la
actualización
de
informaciones
en
medios
de
comunicación
digitales
"
,
se
encuentran
entre
los
llamados
"
"
recogidos
por
la
Ley
Orgánica
3
/
2018
.
El
derecho
a
la
participación
política
(
art
.
23
.
1
CE
)
se
reserva
,
como
regla
general
,
a
los
en
el
art
.
13
.
2
CE
.
El
contenido
del
derecho
a
la
participación
política
(
art
.
23
.
1
CE
)
se
limita
al
derecho
de
sufragio
y
en
las
elecciones
,
municipales
y
(
democracia
representativa
)
,
así
como
en
casos
de
referéndum
e
(
democracia
semidirecta
)
.
Las
SSTC
103
/
2013
y
125
/
2013
consideran
inconstitucional
que
puedan
ser
alcaldes
o
miembros
de
la
Junta
de
Gobierno
Local
quienes
no
hayan
sido
elegidos
como
.
Diversas
sentencias
del
Tribunal
Constitucional
de
2018
han
recordado
que
los
órganos
parlamentarios
no
deben
dar
curso
a
iniciativas
fundadas
en
resoluciones
suspendidas
por
el
Tribunal
Constitucional
,
ni
en
leyes
declaradas
.
El
derecho
de
acceso
a
cargos
públicos
(
art
.
23
.
2
CE
)
ha
sido
extendido
por
el
Tribunal
Constitucional
(
STC
5
/
1983
)
a
la
en
el
cargo
,
y
a
los
en
el
ejercicio
del
mismo
(
ius
in
officium
)
.
El
derecho
de
acceso
a
funciones
públicas
(
art
.
23
.
2
CE
)
se
encuentra
relacionado
con
los
principios
de
y
(
art
.
103
.
3
CE
)
.
El
derecho
de
petición
(
art
.
29
CE
)
se
encuentra
limitado
expresamente
en
cuanto
a
su
ejercicio
por
militares
(
art
.
29
.
2
)
,
y
en
cuanto
a
su
presentación
directa
por
ciudadanas
ante
las
(
art
.
77
.
1
CE
)
.
El
artículo
24
.
1
CE
reconoce
el
derecho
a
obtener
la
"
tutela
efectiva
de
los
jueces
y
tribunales
en
el
ejercicio
de
sus
derechos
e
intereses
legítimos
,
sin
que
en
ningún
caso
pueda
producirse
"
.
El
Tribunal
Constitucional
(
SSTC
4
/
1984
y
67
/
1984
)
incluye
dentro
del
derecho
a
la
tutela
judicial
efectiva
:
el
acceso
a
la
justicia
ya
sea
alegando
derechos
subjetivos
o
"
"
;
a
conseguir
una
resolución
fundada
en
derecho
,
y
con
las
alegaciones
presentadas
,
así
como
el
derecho
a
obtener
la
de
la
sentencia
.
El
derecho
a
ser
informado
de
la
acusación
,
el
derecho
a
no
declararse
culpable
y
el
derecho
a
la
presunción
de
inocencia
,
son
garantías
específicas
del
proceso
.
El
artículo
24
.
2
CE
se
remite
a
una
ley
para
los
casos
de
no
obligación
de
declarar
por
razón
de
o
de
.
La
jurisprudencia
constitucional
considera
que
el
artículo
25
.
1
CE
incluye
el
principio
,
esto
es
,
que
no
haya
duplicidad
de
sanciones
(
administrativa
o
penal
)
en
los
casos
en
que
se
aprecie
identidad
de
sujeto
,
hecho
y
fundamento
.
El
artículo
25
.
3
CE
prohíbe
las
sanciones
de
la
Administración
civil
que
impliquen
directa
o
indirectamente
,
por
lo
que
tales
sanciones
sí
son
posibles
en
el
ámbito
.
El
derecho
a
la
propiedad
privada
(
art
.
33
CE
)
incluye
la
garantía
de
no
privación
de
bienes
y
derechos
sin
causa
justificada
,
y
con
.
La
defensa
de
España
(
art
.
30
CE
)
,
el
trabajo
(
art
.
35
)
,
así
como
el
disfrute
y
la
conservación
del
medio
ambiente
(
art
.
45
)
aparecen
definidos
en
la
Constitución
como
y
como
.
El
artículo
34
CE
recoge
el
derecho
de
para
fines
de
interés
general
,
para
el
cual
rigen
determinados
límites
y
garantías
previstos
para
el
derecho
de
asociación
(
art
.
22
)
.
El
derecho
a
adoptar
medidas
de
conflicto
colectivo
(
art
.
37
.
2
CE
)
incluye
la
necesaria
garantía
de
los
para
la
comunidad
.
El
derecho
a
la
educación
incorpora
,
junto
a
su
contenido
primario
de
libertad
,
una
dimensión
.
La
educación
es
una
materia
asumida
por
las
CCAA
,
si
bien
la
jurisprudencia
del
Tribunal
Constitucional
ha
tendido
a
reforzar
las
competencias
en
la
materia
.
La
mayoría
de
los
principios
que
se
encuentran
en
el
Capítulo
III
del
Título
I
CE
,
son
expresión
del
carácter
del
Estado
(
art
.
1
.
1
CE
)
.
Según
el
artículo
53
.
3
CE
,
los
principios
contenidos
en
el
Capítulo
III
del
Título
I
,
"
la
legislación
positiva
,
la
práctica
y
la
actuación
de
los
PODERES
.
Solo
podrán
ser
alegados
ante
la
de
acuerdo
con
lo
que
dispongan
las
que
los
desarrollen
"
.
El
artículo
45
CE
impone
al
el
mandato
de
establecer
sanciones
penales
o
y
obligación
de
reparar
los
daños
causados
al
.
Algunos
contenidos
del
Capítulo
III
del
Título
I
,
como
la
protección
de
la
familia
(
art
.
39
)
,
la
existencia
de
un
sistema
público
de
Seguridad
Social
(
artículo
41
)
o
de
salud
pública
(
artículo
43
)
pueden
considerarse
garantías
.
Aunque
la
Constitución
no
considere
derechos
subjetivos
a
los
"
principios
rectores
"
del
Capítulo
III
del
Título
I
,
sí
están
recogidos
como
tales
en
numerosos
,
así
como
en
abundante
legislación
estatal
y
.
Algunos
derechos
sociales
pueden
tener
protección
a
través
del
recurso
de
amparo
por
con
un
derecho
fundamental
de
los
regulados
en
los
artículos
14
a
29
CE
.
Así
sucede
,
por
ejemplo
,
con
el
derecho
a
la
salud
(
art
.
43
)
respecto
del
derecho
a
la
(
art
.
15
)
.
En
las
SSTC
134
/
2017
o
140
/
2017
,
se
da
por
válida
la
regulación
del
derecho
a
la
salud
(
art
.
43
)
mediante
,
al
considerar
que
el
art
.
43
no
ostenta
las
características
de
los
derechos
cuya
regulación
impide
el
art
.
86
.
1
CE
.
Los
del
art
.
9
.
3
CE
,
en
ocasiones
tienen
conexión
con
diversos
,
pero
no
son
alegables
de
forma
autónoma
como
tales
.
El
artículo
125
CE
recoge
la
participación
en
la
justicia
,
dentro
del
ámbito
penal
,
por
medio
de
la
o
del
.
La
obligación
de
justicia
gratuita
(
art
.
119
CE
)
o
el
derecho
a
indemnización
por
error
judicial
conectan
con
el
derecho
a
la
del
art
.
24
CE
.
|
Complete the lyrics of the song with the words that appear on the right side
Fill in the missing words in this quiz concerning the Anatomy page of the website. You should read through the passage provided, and click the word you think fits from the list at the side. If you ...