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Garantías Constitucionales

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Observa y marca la alternativa correcta

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Garantías Constitucionales
 

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Observa y marca la alternativa correcta

by Dennys Omar Aliaga Mercado
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1

Un ciudadano es detenido por efectivos policiales sin orden judicial ni flagrancia, permaneciendo retenido varias horas sin explicación. ¿Qué garantía constitucional procede principalmente en este caso?

2

Una persona detenida denuncia torturas y tratos degradantes durante su reclusión preventiva. ¿Qué derecho protegido por el habeas corpus estaría siendo afectado principalmente?

3

El Ministerio de Salud (MINSA) se niega a entregar un medicamento de alto costo a un paciente con cáncer, argumentando falta de presupuesto. ¿Qué proceso constitucional puede interponer el paciente alegando la vulneración de su derecho a la salud?

4

Un colegio niega la matrícula a un niño por tener una discapacidad. Los padres del estudiante afectado presentan un proceso constitucional por vulneración al derecho a la educación. ¿Qué proceso constitucional es presentado ante el Poder Judicial?

5

El Gobierno central ha transferido una partida presupuestal para el pago de la deuda social, sin embargo, el gobernador regional de Arequipa a pesar del pedido de los beneficiarios no ha hecho los pagos correspondientes. ¿Qué garantía pueden interponer dichas personas para que efectúe el pago?

6

Maryorie desea conocer qué cantidad de trabajadores en planilla y cuántos trabajadores por locación de servicios hay laborando en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Presenta la solicitud de información, pero no recibe respuesta. ¿Qué garantía puede interponer para obtener lo que solicita?

7

Subaru ha perdido sus recuerdos por lo que decide buscar información sobre su vida y para ello solicita su información académica y de salud en las instituciones privadas donde estudió y se hizo atender, sin embargo, le ponen excusas y no le dan su información. ¿Qué garantía puede interponer?

8

Un docente solicita al director de la UGEL la emisión de una resolución que reconozca el pago por preparación de clases, conforme lo establece la ley; sin embargo, dicha autoridad se niega a emitir tal resolución. ¿Qué garantía constitucional corresponde interponer?

9

Una docente de Cívica señala: “Mediante decreto supremo se ha prohibido la realización de reuniones en parques desde de las cuatro de la tarde, aún si estas son pacíficas”. Ante ello, Diego sostiene que se está vulnerando el derecho constitucional a la libertad de reunión, por lo que sugiere se interponga un/una:

10

A partir de la respuesta de Diego, y teniendo en consideración que el decreto supremo emitido por el Poder Ejecutivo estaría vulnerando el derecho a la libertad de reunión, la garantía constitucional sugerida deberá interponerse ante:

11

Cristian en la clase de Derecho Constitucional, está revisando el tema de acción de inconstitucionalidad y se percata que ésta no se puede aplicar a un/una:

12

Cristian y Valery, estudiantes del curso de Derecho Constitucional, discuten sobre quienes pueden interponer una acción de inconstitucionalidad, en este caso, les dirías que quien no puede, es:

13

Una avenida principal de la ciudad de Arequipa sirve como límite para dos distritos, sin embargo, al momento de hacer limpieza los trabajadores de ambas municipalidades suelen terminar peleando afirmando cada uno que dicha vía les pertenece, ¿quién puede dilucidar esta situación?

14

Un estudiante afirma: “El Tribunal Constitucional actúa como defensor de los derechos fundamentales”, ¿esta afirmación es correcta?

15

Completar: El caso donde un ciudadano impugnó artículos de un estatuto de una universidad pública por considerar que contradecía la Ley Universitaria. Fue tramitado en el ______________ por ser una garantía constitucional exclusiva de esta entidad

16

Un conflicto sobre atribuciones relacionadas con el derecho al voto y funciones electorales generó que la Municipalidad Metropolitana de Lima presentará una demanda competencial contra el JNE. ¿Qué institución se encargó de resolver esta disputa?

17

Diversos ciudadanos recurrieron a garantías constitucionales para proteger sus derechos frente a abusos por parte de autoridades. ¿Cuál de las siguientes situaciones NO corresponde a este tipo de garantía?

18

Durante una exposición sobre garantías constitucionales, un grupo de estudiantes explicó las características del habeas corpus y su importancia en la protección de derechos fundamentales. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO corresponde a una característica del habeas corpus?

19

En una exposición sobre las funciones del Tribunal Constitucional (TC), cinco estudiantes mencionaron distintos procesos constitucionales que, según ellos, son revisados por este órgano en última y definitiva instancia. ¿Quién brinda información incorrecta?

Explicación

El hábeas corpus es la garantía constitucional destinada a proteger la libertad individual y la integridad personal frente a detenciones arbitrarias o vulneraciones ilegales realizadas por cualquier autoridad. En el caso planteado, el ciudadano fue detenido sin orden judicial y sin encontrarse en situación de flagrancia, además de permanecer retenido sin explicación, lo que evidencia una afectación indebida de su libertad personal. Por ello, corresponde interponer un proceso de hábeas corpus para que la autoridad judicial evalúe la legalidad de la detención y disponga, de ser el caso, el cese inmediato de la vulneración del derecho fundamental.

Se afecta la integridad personal porque la persona detenida denuncia torturas y tratos degradantes que vulneran su bienestar físico y psicológico. El habeas corpus protege no solo la libertad individual, sino también la integridad de las personas privadas de libertad.

La acción de amparo procede cuando se vulneran derechos constitucionales que no son protegidos por otros procesos específicos. En este caso, el MINSA estaría afectando el derecho a la salud del paciente al negarle el acceso a un medicamento necesario para su tratamiento contra el cáncer. Por ello, el paciente puede interponer una acción de amparo para exigir la protección inmediata de su derecho fundamental a la salud y a la vida frente a la actuación de una autoridad pública.

La acción de amparo procede cuando se vulneran derechos constitucionales que no cuentan con una garantía específica. En este caso, el colegio negó la matrícula al niño por motivo de discapacidad, afectando su derecho a la educación y el principio de igualdad y no discriminación. Por ello, los padres pueden interponer una acción de amparo ante el Poder Judicial para exigir la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados y garantizar el acceso del menor al sistema educativo.

La acción de cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

El habeas data protege los derechos reconocidos en el inc. 5 del art. 2 de la Constitución Política del Perú que dice: “A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”.

El habeas data permite conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a su persona que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o informática, en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros.

En este caso, corresponde interponer un proceso de acción de cumplimiento, dado que aquel procede cuando un funcionario o autoridad pública se niega a cumplir una norma o ejecutar un acto administrativo firme. En ese sentido, la acción de cumplimiento busca asegurar la eficacia y exigir el cumplimiento de las normas y actos administrativos.

El proceso de acción popular procede contra reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, sin importar la autoridad que las emita, siempre que vulneren la Constitución o la ley, o que no hayan sido publicadas de acuerdo con lo establecido en la Constitución. De acuerdo con la pirámide de Kelsen, la acción popular se interpone ante normas dentro del Estado que ocupan el tercer nivel, como en este caso los decretos supremos.

El proceso de acción popular es un proceso constitucional autónomo en el que tiene como competencia exclusiva para su resolución el Poder Judicial, siendo su finalidad controlar la validez constitucional de los reglamentos emitidos por cualquier autoridad pública.

La acción de inconstitucionalidad procede contra normas con rango de ley, tales como leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, normas regionales y ordenanzas municipales, siempre que éstas contravengan la Constitución.

La demanda de inconstitucionalidad puede ser presentada por: •El presidente de la República. •El Fiscal de la Nación. •El Defensor del Pueblo. •El 25% de miembros de la cámara de diputados o senadores. •Los gobernadores regionales. •Los colegios profesionales. •5000 ciudadanos.

El caso presentado evidencia un conflicto de competencia o atribuciones entre dos municipalidades distritales respecto a la administración y responsabilidad sobre una vía pública. Según la Constitución Política del Perú, corresponde al Tribunal Constitucional resolver los conflictos de competencia o de atribuciones que surjan entre entidades del Estado, incluidos los gobiernos locales (municipalidades).

Son de competencia del Poder Judicial en primera instancia, tramitándose en doble instancia dentro de este. En caso de denegatoria, el demandante puede acudir al Tribunal Constitucional, que actúa como tercera y última instancia.

El proceso de acción popular es una garantía constitucional cuyo objetivo es controlar la validez de normas de rango infralegal (decretos supremos, reglamentos y resoluciones administrativas de carácter general) que infrinjan la Constitución o la ley. Se tramita exclusivamente ante el Poder Judicial peruano.

El proceso competencial se encuentra a cargo, en única y definitiva instancia del Tribunal Constitucional donde este analiza los ámbitos de competencias o atribuciones de los poderes estatales, entidades, órganos constitucionales, Gobiernos regionales, municipalidades.

La acción popular no tiene como finalidad principal la protección directa e inmediata de derechos humanos concretos, sino el control de la legalidad y constitucionalidad de normas reglamentarias, decretos y disposiciones administrativas de carácter general que contradigan la Constitución o la ley. En cambio, las demás alternativas sí corresponden a garantías constitucionales orientadas a la protección de derechos fundamentales de las personas.

El habeas corpus no puede ser interpuesto exclusivamente en horarios de oficina. Por el contrario, esta garantía constitucional se caracteriza por su inmediatez y urgencia, razón por la cual puede presentarse en cualquier momento, incluso fuera del horario judicial habitual, con la finalidad de proteger rápidamente la libertad individual y los derechos conexos. Las demás alternativas sí corresponden a características del habeas corpus.

La acción de inconstitucionalidad no es revisada por el Tribunal Constitucional en última instancia, sino en primera y única instancia. Esto se debe a que es el órgano encargado directamente del control de constitucionalidad de las leyes y normas con rango de ley. En cambio, el habeas corpus, habeas data, acción de amparo y acción de cumplimiento sí pueden llegar al Tribunal Constitucional en última y definitiva instancia, luego de haber sido previamente tramitados en el Poder Judicial.

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