MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA
1
La Presidenta de la República, como máxima representante del Estado, resulta fundamental en la dirección política del gobierno. Dado que actualmente no se cuenta con vicepresidentes, en el caso de que la jefa de Estado esté impedida de ejercer sus funciones, ¿quién asumiría el cargo?
2
En mayo de 2025, Eduardo Arana Ysa fue nombrado Premier por la Jefa de Estado. Al no contar con una cartera ministerial, puede dedicarse exclusivamente a la gestión general del gobierno. Señale cual NO es una función del Premier.
3
En las elecciones generales de 2026, los ciudadanos peruanos elegirán a las autoridades políticas que liderarán el país durante los próximos años. Entre estas autoridades se encuentra el Presidente de la República, el que:
4
Según el JNE, 39 partidos políticos han conseguido formalizar su inscripción y competirán en las próximas elecciones. En lo que respecta a la presidencia de la República, 117 aspirantes integran las fórmulas presidenciales. ¿Qué requisito NO es obligatorio para postular a este cargo?
5
La interrupción del mandato presidencial antes de concluir el periodo, se puede dar por diferentes razones. ¿Qué causal no corresponde?
6
Lucero es candidata a la Presidencia de la República. Si resultara elegida, ¿cuál de las siguientes alternativas no corresponde a una atribución del Jefe de Estado?
7
El Presidente de la República decidió realizar cambios en el gabinete ministerial, designando a un nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas. Según la Constitución Política del Perú, ¿qué atribución presidencial se está ejerciendo en este caso?
8
En caso de que el Presidente de la República haya viajado al extranjero sin contar con la autorización del parlamento, ¿qué procedería declarar?
9
En noviembre del 2020, Manuel Merino renunció al cargo de Presidente de la República, siendo reemplazado por Francisco Sagasti en su calidad de:
10
En un juicio muy sonado por corrupción, un juez recibe presiones de un congresista días después dicta una sentencia claramente influenciada. ¿Qué principio fundamental de la función jurisdiccional se vulneró?
11
Anacleto acaba de colegiarse como abogado, él tiene grandes aspiraciones, y se plantea que antes de los cuarenta será Magistrado de la Corte Suprema. Frente a esto:
12
Un ciudadano peruano es sancionado administrativamente sin haber tenido la posibilidad de presentar pruebas ni ejercer su defensa e interpone una demanda alegando la vulneración de un principio constitucional, ¿qué principio fue vulnerado en este caso?
13
En el presente año, la JNJ evalúa candidatos para la Corte Suprema. Uno de los postulantes es un abogado peruano, con 52 años de edad y 30 años de experiencia como docente universitario; pero nunca ha sido juez ni fiscal. ¿El candidato cumple los requisitos para ser magistrado supremo?
14
La máxima autoridad de Roma, marcó una alternativa que NO corresponde como un organismo constitucional autónomo en Perú, ¿cuál fue la respuesta del emperador romano Ave César?
15
Batman le dice a Robin, que, hay una característica que NO corresponde a los organismos constitucionales autónomos del Perú, ¿a qué información se refiere el enmascarado?
16
El Salón de la Justicia se reúne de emergencia, el tema a tratar: “el problema peruano”; antes de iniciar cualquier acción judicial internacional, desean saber, ¿qué organismo del Perú es la máxima autoridad para interpretar y controlar la Carta Magna?
17
Betssy Chávez fue mantenida ocho días en prisión sin orden judicial vigente ni resolución motivada que justificara la restricción de su libertad. ¿Qué proceso constitucional se interpuso en este caso?
18
Juan le pregunta a su profesor, ante una probable vulneración de derechos como a la educación y salud ¿cómo los protegería? El maestro responde:
19
Rodolfo, un adulto mayor, solicita un préstamo a un banco, pero el analista le dice que por políticas internas no da préstamos a personas mayores de 65 años, así paguen seguros. ¿Qué garantía podría interponer en este caso?
20
Jorge, solicita ante una municipalidad que se le proporcione la información relacionada a los gastos de inversión en obras del año 2024, la entidad se niega sin justificación alguna ¿Qué garantía podría interponer frente a ello?
21
El TC ordenó a la Municipalidad de Checras, reponer a una trabajadora que fue despedida por encontrarse embarazada, tras acreditarse la vulneración del derecho al trabajo y al principio de igualdad y no discriminación. ¿Qué proceso constitucional fue presentado en este caso?
22
El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que obliga al BCRP a acatar con las disposiciones legales sobre el uso correcto del Escudo Nacional y el lema “Firme y Feliz por la Unión”, en la acuñación de monedas y billetes. ¿Qué garantía constitucional se interpuso para que el TC tome esta decisión?
23
Es común encontrar funcionarios públicos renuentes a acatar sentencias expedidas en procesos constitucionales. Se trata de la habitual resistencia del poder para adecuar sus conductas al ordenamiento jurídico. ¿Qué proceso constitucional exige obedecer estas sentencias?
24
Rita, estudiante de secundaria, se prepara para un examen sobre las garantías constitucionales. Una pregunta plantea la siguiente interrogante, ¿cuál es la única garantía que es revisada exclusivamente por el Tribunal Constitucional?, usted le puede indicar, que se trata de:
25
Rita aún no sabe ante quién se presenta una Acción Popular. Usted le indicaría que la única institución dónde debe presentarla es:
26
En una clase de Cívica, un estudiante afirma que la Acción Popular sólo puede ser interpuesta por congresistas. ¿Qué premisa sería la más adecuada?
27
Un estudiante de secundaria sostiene que los conflictos entre órganos constitucionales, como el JNE y la ONPE, deben resolverse en el Congreso. ¿Qué precisión sería correcta?
28
Si el Poder Ejecutivo considera que el Congreso ha excedido sus funciones en una reforma legal, que afecta sus competencias exclusivas, ¿qué debería plantear?
29
Un grupo de fiscales presenta este recurso solicitando que se deje sin efecto el Reglamento del Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, ya que contradice la ley, afectando así el principio de seguridad jurídica. Nos referimos a:
30
La Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de ………………………. para que se declare nulo el Decreto Legislativo 1373, alegando que algunos de sus artículos vulneran el derecho a la propiedad, a la presunción de inocencia y el principio de irretroactividad.
Explicación
En caso de que el Presidente de la República se vea impedido temporal o permanentemente, el Primer Vicepresidente asumirá sus funciones. Si este también está impedido, será el Segundo Vicepresidente quien asuma. En la eventualidad de que ambos vicepresidentes estén incapacitados, el Presidente del Congreso tomará el relevo. Si el impedimento es definitivo, el Presidente del Congreso convocará a elecciones de manera inmediata
La Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo determina que el premier es responsable de definir los objetivos, formular y liderar políticas de carácter multisectorial, y coordinar los esfuerzos de otros ministerios y entidades de la administración pública dentro de su ámbito de competencia, además le corresponde, después del Presidente de la República, ser el portavoz autorizado del gobierno.
El artículo 110 del texto constitucional establece que el Presidente de la República es el Jefe de Estado que personifica a la nación y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales.
El Presidente de la República dirige y aprueba la política general del Gobierno. Significa que, el Presidente, como Jefe del Poder Ejecutivo, es la máxima autoridad responsable de establecer y supervisar la dirección estratégica del país y las acciones del gobierno para responder a las necesidades de la sociedad. Esto implica que el Presidente fija las metas y los lineamientos generales, y aprueba los planes y políticas específicas que el gobierno ejecutará para lograrlas.
La Constitución Política del Perú (1993), refiere en su artículo 110 que para postular a la Presidencia del Perú se necesita:
•Ser peruano por nacimiento.
•Ser mayor de 35 años.
•Gozar del derecho de sufragio.
No exige formación específica en el área, aunque esto es deseable para la gestión pública.
Según la Constitución Política en su artículo 113 se declara la vacancia del Jefe de Estado (de manera permanente) por las siguientes razones: Abandono del país sin autorización del Congreso o no retorno en el tiempo establecido. Entre otras.
La alternativa incorrecta es la D, ya que la Constitución Política en su artículo 118 establece que el Presidente de la República representa al Estado dentro y fuera del país, vela por el orden interno, convoca a elecciones generales mediante decreto supremo, dirige mensajes al Congreso y, con autorización de este, declara la guerra y firma la paz. En consecuencia, no le corresponde dirigir mensajes a sus ministros como atribución constitucional, pues su comunicación oficial está dirigida al Congreso y a la Nación.
De acuerdo con el artículo 118, inciso 9, de la Constitución Política del Perú, corresponde al Presidente de la República “nombrar y remover a los ministros”. En este caso, al designar a un nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas, el presidente está ejerciendo precisamente esta atribución constitucional.
Según la Constitución Política en su artículo 113 se declara la vacancia del Jefe de Estado (de manera permanente), entre otras razones por el abandono del país sin autorización del Congreso o no retorno en el tiempo establecido.
El artículo 115 de la Constitución Política establece el orden de sucesión del Presidente de la República por impedimento temporal o permanente de este y de los vicepresidentes. En un primer término, asume el cargo el Primer Vicepresidente, seguido por el Segundo Vicepresidente en su defecto. Si ambos vicepresidentes están impedidos, asume el Presidente del Congreso.
El principio de independencia jurisdiccional garantiza que los jueces tomen decisiones sin presiones ni injerencias de los poderes políticos, económicos o sociales. Cuando un juez dicta una sentencia influenciada por intereses externos, se vulnera gravemente este principio constitucional.
Para ser magistrado de la Corte Suprema, según la CPP, en su artículo 147, se requiere:
✓ Ser peruano de nacimiento.
✓ Ser mayor de cuarenta y cinco años.
✓ Haber ejercido el cargo de Juez Superior Titular o Fiscal del mismo nivel cuando menos diez años o, haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en materia jurídica por quince años.
El debido proceso garantiza que toda persona pueda defender sus derechos bajo reglas justas y razonables, incluyendo el derecho a la defensa y a presentar pruebas. La sanción sin audiencia vulnera directamente este principio establecido en el artículo 139 de la Constitución.
La Constitución Política en su artículo 147 establece como requisitos: ser peruano de nacimiento, mayor de 45 años y haber ejercido como juez/fiscal por 10 años o haber ejercido la abogacía o la docencia universitaria en derecho por 15 años. El postulante cumple plenamente con estos criterios
A diferencia del Ministerio Público, la JNJ, la CGR y la SBS, que gozan de autonomía constitucional, la Superintendencia Nacional de Migraciones depende del Ministerio del Interior y del Poder Ejecutivo, por lo que no posee la independencia ni las facultades propias de un organismo constitucional autónomo según la Constitución peruana.
En el Perú los organismos constitucionales autónomos funcionan de manera independiente y no se subordinan unos a otros; cada uno tiene autonomía funcional, administrativa, económica y presupuestal para cumplir sus funciones. Esta independencia evita la concentración de poder y protege el equilibrio entre los diferentes actores del Estado, lo que refuerza la separación de poderes y asegura que todos cumplan su rol constitucional sin interferencias jerárquicas.
El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica.
El Hábeas Corpus es el proceso constitucional destinado a proteger la libertad individual y los derechos vinculados frente a detenciones arbitrarias, prolongación indebida de la prisión preventiva o actos que restrinjan ilegítimamente la libertad.
La Acción de Amparo protege derechos como a la igualdad, a no ser discriminado, al ejercicio de cualquier creencia religiosa, la libre contratación, la creación artística, intelectual y científica, el trabajo, la sindicalización, a la propiedad, herencia, nacionalidad, salud, al honor, y otros derechos no amparados por otras garantías.
La Acción de Amparo protege derechos como a la igualdad, a no ser discriminado, al ejercicio de cualquier creencia religiosa, la libre contratación, la creación artística, intelectual y científica, el trabajo, la sindicalización, a la propiedad, herencia, nacionalidad, salud, al honor, y otros derechos no amparados por otras garantías.
La finalidad de esta garantía constitucional es prevenir que el manejo de información digital se convierta en una amenaza para la privacidad de los individuos, garantizando así sus derechos constitucionales.
El proceso constitucional presentado en este caso fue una Acción de Amparo, porque este mecanismo protege los derechos constitucionales fundamentales cuando han sido vulnerados, como el derecho al trabajo, la igualdad y la no discriminación. En el caso mencionado, la trabajadora embarazada sufrió un despido injustificado, lo que constituyó una afectación directa de sus derechos, y el Tribunal Constitucional ordenó su reposición para restituir la protección constitucional que le corresponde.
La resolución, emitida por el TC, declara fundada, la demanda de cumplimiento donde se argumentó que el BCR no ha cumplido con lo establecido en el artículo 7 del Decreto Ley 11323 de 1950 y la Resolución Legislativa de 1825. Estas normativas exigen el uso correcto del escudo nacional y el lema en las monedas y billetes emitidos por la entidad. El TC ordenó que el cumplimiento de esta disposición se materialice en el próximo circulante de monedas y billetes que emita el BCR, conforme a lo estipulado en la Ley 32251.
El Proceso de Cumplimiento proporciona a los ciudadanos un mecanismo de protección destinado a impulsar el acatamiento del mandato legal por las autoridades renuentes.
La Demanda de Inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional y sólo puede ser interpuesta por determinados órganos y sujetos. No pasa por otras instancias previamente.
El proceso de Acción Popular es un proceso constitucional que se resuelve exclusivamente ante el Poder Judicial. Su finalidad es controlar la validez constitucional de los reglamentos emitidos por cualquier autoridad pública.
La característica principal de la Acción Popular es que goza de legitimidad abierta, pues cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditar interés directo, puede interponerla en defensa del orden constitucional y la legalidad. Por tanto, no está restringida a congresistas ni a abogados, sino que es un mecanismo democrático de control normativo.
El artículo 202, inciso 3, de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional es el órgano competente para conocer y resolver los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución, tanto entre poderes del Estado como entre organismos constitucionales autónomos. Por ello, si surgieran discrepancias, por ejemplo, entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), corresponde al Tribunal Constitucional emitir la decisión definitiva, garantizando el equilibrio institucional y la supremacía de la Constitución.
El artículo 202, inciso 3, de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional resuelve los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución, ya sea entre poderes del Estado o entre órganos constitucionales autónomos. Por ello, cuando el Congreso excede sus facultades y afecta competencias exclusivas del Ejecutivo, el medio idóneo no es la Acción Popular (que controla normas infralegales), ni una denuncia constitucional (que busca sancionar a altos funcionarios), sino el proceso competencial, que permite restablecer el equilibrio de poderes y garantizar la supremacía constitucional.
La Acción Popular procede contra normas reglamentarias y resoluciones administrativas de carácter general que vulneren la Constitución o la ley. En el caso planteado, lo que se cuestiona es la validez de un reglamento administrativo por exceder la habilitación legal y ser publicado de manera defectuosa, lo cual encaja exactamente en el ámbito de control de la Acción Popular.
La Acción de Inconstitucionalidad procede contra leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso y normas de rango legal que contravengan la Constitución. Como el Decreto Legislativo 1373 tiene rango de ley, corresponde este proceso para expulsar del ordenamiento las disposiciones contrarias a los derechos fundamentales.
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