MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA
1
Jóvenes universitarios al revisar información sobre los principios de la administración de justicia, observaron que uno de ellos NO corresponde con lo que indica la Constitución Política, ¿a cuál nos referimos?
2
Estudiantes, por error incluyeron una característica que NO corresponde con los requisitos para que se lleve a cabo el debido proceso, ¿cuál es ese inconveniente que perjudica las reglas justas, razonables y constitucionalmente establecidas en las causas judiciales, administrativas, etc.?
3
El Zorro le dice al Búho: “Uno de los órganos jurisdiccionales puede ser revocado y estoy pensando hacerlo”, ¿a cuál de las siguientes alternativas se refiere el animal?
4
Un conflicto vecinal menor en un centro poblado rural es resuelto por una autoridad elegida por voto popular. ¿Qué órgano jurisdiccional interviene?
5
Un proceso judicial se inicia en una provincia y requiere la intervención de jueces superiores. ¿Qué órgano judicial es competente en primera instancia?
6
Juan es procesado y recibe una sentencia condenatoria en un juzgado. Al no estar conforme con la decisión, solicita que el caso sea revisado por un órgano judicial superior. ¿Qué principio de la administración de justicia se está ejerciendo?
7
Javier, un reconocido abogado desea postular para ser magistrado de la Corte Suprema del Perú. Al revisar los requisitos establecidos en la convocatoria, encuentra que uno NO se ajusta a lo que exige el Artículo 147 de la Constitución Política. ¿Cuál es?
8
Se inicia el procedimiento para designar a los miembros del Tribunal Constitucional, respetando el quórum y los requisitos constitucionales establecidos. Según la Constitución, el Tribunal Constitucional está integrado por:
9
Durante una huelga de trabajadores, uno de los dirigentes sindicales es detenido por la policía sin mandato judicial ni situación de flagrancia, permaneciendo incomunicado por varias horas. ¿Qué proceso constitucional corresponde interponer?
10
Un proceso constitucional interpuesto para proteger un derecho fundamental es resuelto en última instancia por el TC. ¿Qué característica del Tribunal Constitucional explica su rol como órgano de cierre en este tipo de procesos?
11
Estudiantes de la universidad realizan una investigación sobre el tema de “Vaso de Leche en las municipalidades”. Sin embargo, en muchas de estas instituciones no les quieren dar la información alegando que es secreto de Estado. ¿Qué garantía constitucional podrían plantear en este caso?
12
Carlos se ha cambiado de nombre a Alfredo, sin embargo, desea modificar su primer título profesional en la SUNEDU, allí le dicen que no se pueden cambiar dichos datos debido a que son pasados. Si usted fuera su asesor le diría que podría interponer un/una:
13
Alfredo, hijo de Genoveva, nació en España. Siendo su mamá peruana, desea ser reconocido también como peruano. Sin embargo, el RENIEC no quiere otorgarle la nacionalidad y DNI consecuentemente. ¿Qué garantía constitucional podría interponer en su caso?
14
Un trabajador de una entidad pública que ha superado el periodo de prueba es despedido sin causa justificada ni debido proceso, solicitando mediante un recurso de _______ su reposición en el cargo.
15
Un docente cuenta con una resolución administrativa que reconoce el pago de una bonificación especial por preparación de clases. Si el Ministerio de Educación no deposita el dinero tras meses de espera, el docente interpone un (a):
16
Un exservidor público exige que se ejecute una resolución que ordena el pago de sus vacaciones truncas e indemnización, la cual esta entidad ha ignorado sistemáticamente. En este caso, se debe presentar un recurso de:
17
Cuando el profesor de Cívica explica la acción de inconstitucionalidad, Belén pregunta: “Sí un decreto de urgencia vulnera la constitución, ¿quién puede presentar la garantía?”
18
Ocho mil ciudadanos interponen una garantía constitucional en contra de una ordenanza municipal que establece no cobrar peajes por Rutas de Lima (aludiendo que por medio de una norma no se pueden modificar los contratos ley regulados en el art. 62 de la CPP). ¿Qué garantía deben interponer?
19
La Contraloría General de la República intenta aplicar un reglamento de control a un organismo autónomo, pero este sostiene que dicha entidad está invadiendo su autonomía constitucional. En este caso cabría llevar adelante un (a):
20
El Poder Ejecutivo emite un decreto supremo que establece Estado de Emergencia en el cual solo se permite la apertura de negocios de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Ante esta medida los comerciantes deciden interponer un recurso constitucional para eliminar dicha norma. Nos referimos a:
21
Un gobierno regional aprueba un decreto que limita el acceso a determinadas playas, permitiendo el ingreso solo a residentes de la zona; ante esto se podrá interponer un/una ___________
22
Una municipalidad distrital emite una ordenanza que regula rutas de transporte público, pero el consejo provincial afirma que esa función es de su competencia exclusiva. Para hallar una solución debería llevarse a cabo un (a):
23
Durante una clase de Cívica, se analizan distintos mecanismos constitucionales que pueden emplearse frente a la vulneración de derechos. A partir de los siguientes casos, identifique la alternativa que NO corresponde a una garantía constitucional que tutela derechos:
Explicación
El debido proceso es vital para administrar justicia, si no existe debido proceso en las causas judiciales, administrativas, etc., definitivamente se está atentando contra la administración de justicia y contra el Estado de Derecho.
Para que se lleve a cabo un debido proceso que respete las reglas justas, razonables y constitucionalmente establecidas en causas judiciales, administrativas, etc., se debe cumplir con las siguientes alternativas: juez competente, notificación válida, ofrecer medios probatorios, derecho de audiencia, derecho a la defensa, y una sentencia motivada (es vital); todo lo mencionado debe cumplirse, si falta uno, entonces NO existe el debido proceso.
Los jueces de paz son elegidos por voto popular y, por esa razón, pueden ser revocados mediante un proceso electoral, a diferencia de los jueces de otros órganos jurisdiccionales (Corte Suprema, Cortes Superiores, jueces especializados o letrados), que tienen nombramiento por la Junta Nacional de Justicia u otros mecanismos y no están sujetos a revocación popular.
En los centros poblados, los juzgados de paz son los órganos jurisdiccionales competentes para resolver conflictos menores. Sus jueces son elegidos por voto popular y aplican la ley y, en ciertos casos, la costumbre local.
Los Juzgados Especializados o Mixtos son los órganos judiciales competentes para conocer procesos que se inician a nivel provincial, ya que administran justicia según la materia (penal, civil, laboral, etc.). Actúan en primera instancia para casos que exceden la competencia de los juzgados de paz o letrados distritales. Las cortes superiores y la Corte Suprema intervienen en instancias de apelación o casación, no en la primera instancia provincial.
La pluralidad de instancia se reconoce como un principio de la administración de justicia que garantiza que las decisiones judiciales no sean definitivas de manera inmediata, sino que puedan ser revisadas por un órgano jurisdiccional superior. Este principio busca reducir el riesgo de arbitrariedades, corregir posibles errores en la aplicación del derecho y reforzar la confianza en la administración de justicia.
El artículo 147 de la Constitución Política del Perú señala expresamente que, para ser magistrado de la Corte Suprema, se exige:
•Ser peruano de nacimiento.
•Ser ciudadano en ejercicio.
•Ser mayor de cuarenta y cinco años.
•Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años.
En consecuencia, la experiencia como fiscal provincial no cumple con el nivel jerárquico requerido por la Constitución, razón por la cual la alternativa “E” no corresponde a los requisitos constitucionales para acceder al cargo.
La Constitución Política establece que el Tribunal Constitucional está integrado por siete magistrados, elegidos por el Congreso con el voto favorable de dos tercios del número legal de congresistas.
La situación descrita implica una afectación directa a la libertad personal, ya que la persona es detenida sin mandato judicial ni flagrancia, incluso en el contexto de una huelga. Frente a privaciones arbitrarias de la libertad, el proceso constitucional idóneo es el hábeas corpus, cuya finalidad es restablecer de manera rápida y sencilla el derecho vulnerado.
El Tribunal Constitucional actúa como órgano de cierre del sistema constitucional debido a su autonomía e independencia funcional, lo que le permite interpretar y controlar la Constitución sin subordinación a ningún poder del Estado.
El hábeas data permite acceder a la información que se encuentre en cualquier entidad pública, ya sea que la generen o produzcan, incluyendo la que esté en expedientes terminados o en trámite
El hábeas data permite conocer, actualizar, incluir, suprimir o rectificar la información o datos referidos a su persona que se encuentren almacenados o registrados ya sea de forma manual, mecánica o informática en entidades estatales o privadas.
La acción de amparo tiene como finalidad proteger todos los derechos constitucionales de la persona ante violaciones o amenazas de violación que provengan de una autoridad o un particular.
La acción de amparo se interpone en defensa de los derechos constitucionales distintos a la libertad y seguridad personal, como por ejemplo los derechos laborales.
La acción de cumplimiento pretende controlar la omisión al mandato contenido en una ley o en un acto administrativo por parte de la autoridad o funcionario.
La acción de cumplimiento pretende controlar la omisión al mandato contenido en una ley o en un acto administrativo por parte de la autoridad o funcionario.
Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad:
1.El presidente de la República.
2.El fiscal de la Nación.
3.El presidente del Poder Judicial.
4.El Defensor del Pueblo.
5.El 25% del número legal de miembros de la Cámara de Diputados o del Senado.
6.Cinco mil ciudadanos.
7.Los gobernadores regionales.
8.Los colegios profesionales.
La acción de inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.
El proceso competencial es un mecanismo constitucional para resolver conflictos entre poderes del Estado, órganos autónomos o niveles de gobierno sobre quién tiene la atribución o facultad para actuar en un asunto determinado, siendo el TC el único competente para decidirlo de forma única, garantizando la separación de poderes y la supremacía de la Constitución.
La acción popular es un procedimiento constitucional autónomo que se presenta ante el Poder Judicial para impugnar normas de carácter general —como reglamentos, resoluciones o decretos— que vulneren la Constitución o la ley. Su finalidad es controlar la validez constitucional de las normas emitidas por cualquier autoridad pública
El proceso de acción popular es un proceso constitucional autónomo que se resuelve exclusivamente ante el Poder Judicial. Su finalidad es controlar la validez constitucional de los reglamentos emitidos por cualquier autoridad pública.
La acción popular es un procedimiento constitucional autónomo que se presenta ante el Poder Judicial para impugnar normas de carácter general —como reglamentos, resoluciones o decretos— que vulneren la Constitución o la ley. Su finalidad es controlar la validez constitucional de las normas emitidas por cualquier autoridad pública
El proceso competencial es una garantía constitucional, tramitada ante el Tribunal Constitucional del Perú, que sirve para resolver conflictos sobre competencias entre entidades del Estado. Su finalidad es determinar qué órgano público tiene la competencia.
La alternativa D no corresponde a una garantía constitucional de protección directa de derechos fundamentales. En este caso, la acción de inconstitucionalidad tiene como finalidad realizar un control abstracto de las leyes, es decir, verificar si una norma con rango de ley es compatible o no con la Constitución. No busca la restitución inmediata de un derecho vulnerado en una situación concreta.
Por el contrario, las alternativas A, B, C y E sí describen garantías constitucionales orientadas a la tutela directa de derechos fundamentales frente a actos u omisiones específicas de autoridades o particulares.
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