La modernización y el desarrollo de infraestructura, minería, agricultura y expansión urbana han provocado impactos negativos en el medio ambiente, especialmente la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los servicios ecosistémicos que sostienen a las sociedades humanas. No obstante, muchos de estos efectos pueden reducirse mediante medidas de mitigación, rehabilitación y compensación respaldadas por marcos jurídicos ambientales.